Miravete pidió que el Concejo controle el traspaso del servicio de agua a ASSA y exigió más detalles sobre la deuda y el plan de obras

En el programa de "Cómo venimos", conducido por el periodista Claudio De Diego (Radio Nova 97.5), la concejal por La Libertad Avanza Giselle Miravete solicitó que el Concejo Municipal recupere su función de control y que se incorporen precisiones al proyecto de ordenanza que autoriza al Ejecutivo a avanzar en el traspaso del servicio de agua y cloacas a Aguas Santafesinas S.A. (ASSA). Miravete dijo que presentó una modificación al artículo 3 del proyecto para evitar que el Ejecutivo pueda avanzar “con los ojos cerrados” y sin el conocimiento y la aprobación previa del cuerpo deliberativo.

Miravete relató que, tras la reunión informativa con funcionarios municipales, representantes de ASSA y el intendente, se brindaron explicaciones sobre la transición y la deuda acumulada, y que la Secretaría de Hacienda detalló por qué no se habían podido afrontar los pagos. Aclaró que la cifra de 6.000 millones de pesos corresponde a la deuda estimada, y que, según los ejecutados revisados por su bloque, lo efectivamente recaudado por el municipio por el ítem acueducto fue de 2.996 millones.

La edil explicó que su principal modificación consistió en que los acuerdos que el Ejecutivo pretenda suscribir con la provincia, ASSA u otras instituciones, “sí o sí” deben pasar por el Concejo para su conocimiento y aprobación previa. Entre los puntos que exigió que sean sometidos al tratamiento del cuerpo figuraron: la asunción, modificación o refinanciación de obligaciones económicas (la deuda municipal); compromisos de gasto o inversiones que afecten el ejercicio presupuestario o futuro; y la transferencia, cesión o concesión de bienes e instalaciones (tableros eléctricos, redes, terrenos e infraestructura).

Miravete cuestionó el estado de la infraestructura local: dijo haber observado una planta de tratamiento y redes “deterioradas”, con sistemas de conducción de agua de hasta 80 años (incluso cañerías de plomo) que requieren reemplazo. Aun reconociendo que el traspaso busca “eliminar el intermediario” que consideró ineficiente, advirtió que eso no habilita a darle al Ejecutivo “demasiadas libertades” sin un plan de obras cuantificado y sin garantías sobre inversiones mínimas.

Sobre el personal municipal, la concejal resaltó la necesidad de aclarar el destino y la reasignación de quienes trabajan en el servicio, en especial empleados de planta permanente con décadas de experiencia. Dijo que ASSA y el Ejecutivo manifestaron que “los empleados municipales van a seguir siendo municipales”, pero sostuvo que cualquier decisión respecto del personal debe ser informada y aprobada por el Concejo.

En relación con la deuda, Miravete afirmó que su bloque trabajó con los ejecutados y detectó partidas que suman pagos por aproximadamente 477 millones de pesos dirigidos a ASA/ASSA; al mismo tiempo indicó que hubo incrementos de cuota que hicieron dificultoso el cumplimiento de pago por parte de usuarios. También señaló un error en el convenio firmado en 2018, que no estableció una cuenta especial para la recaudación del acueducto, lo que permitió que esos recursos ingresaran a la cuenta general del municipio y pudieran destinarse a otros fines.

Por todo ello, Miravete indicó que presentó un artículo 3 bis que obliga al Ejecutivo a informar al Concejo sobre el avance de las gestiones en un plazo no mayor a 30 días, con el objetivo de evitar dilaciones y asegurar transparencia. Confirmó que solicitará el tratamiento preferencial del tema en comisiones para arribar a consensos sobre las modificaciones propuestas.

La concejal anticipó además que su postura no es obstruccionista por partidismo, sino orientada a garantizar que el traspaso sea serio y documentado: “El ciudadano necesita un servicio eficiente; el traspaso es necesario, pero no vamos a dar libertades como las que establece el proyecto”, sostuvo. Miravete agregó que está dispuesta a trabajar y acortar el articulado, pero que no permitirá que se pase por arriba al Concejo: “La función del Concejo es controlar los recursos de los santotomesinos y cómo el Ejecutivo va a llevar adelante este traspaso”.

La modificación del artículo 3 fue acompañada para su tratamiento en comisiones, y la concejal dijo esperar que en la próxima sesión, dentro de dos semanas, se avance en el debate. Finalizó advirtiendo que, si no se brindan las aclaraciones y documentación requerida, su bloque actuará en defensa de los intereses de los vecinos, incluso con la posibilidad de recurrir a la justicia.