Seis años y medio de prisión: condenaron por violación a un trabajador de la Municipalidad de Santo Tomé

El sitio periodístico www.periodicas.com.ar dio cuenta hoy de la decisión de la justicia en torno a un hecho que involucra a un empleado y a una empleada de la Municipalidad de Santo Tomé.

Guillermo Daniel Maglianesi fue condenado a seis años y seis meses de prisión por ser autor de abuso sexual con acceso carnal. La sentencia al hombre de 35 años oriundo de Santo Tomé fue dictada por el tribunal integrado por Rosana Itatí Carrara (presidenta), Nicolás Falkenberg y Luis Octavio Silva el pasado 4 de julio, a cuatro años de haber golpeado y abusado sexualmente de quien era su pareja y su compañera de trabajo en la Municipalidad.

El próximo jueves 5 de octubre se realizará una nueva audiencia por el caso en donde se debatirá la apelación. La defensa del hombre pidió revisar la condena, mientras que la querella solicita elevar el monto de la pena.

El hecho por el cual se dio la condena ocurrió en julio de 2019, cuando el hombre irrumpió en la casa de quien era su pareja. Entró a la fuerza, le gritó, la golpeó, y abusó sexualmente. Antes de irse ironizó sobre la posibilidad de que ahora la sobreviviente lo denuncie porque tenía pruebas.

Ella pudo radicar la denuncia algunas semanas más tarde, por miedo y por la presión no solo de su ex pareja sino de entorno laboral. Tras el abuso, la mujer tuvo que continuar asistiendo a su puesto de trabajo en la Municipalidad de Santo Tomé, con el riesgo de cruzarse al hombre en cualquier momento. Unas semanas después del abuso, él se acercó y la tocó para intimidarla.

El círculo de violencia

Si bien fue imputado y condenado por ese ilícito, el empleado municipal de Santo Tomé ejerció violencia y manipulación sobre su pareja durante toda la relación. En su descripción de los hechos, la fiscala Alejandra Del Río Ayala señaló que hubo un “constante círculo de violencia” que estuvo presente durante los dos años que duró el vínculo (desde 2017 a 2019). La fiscalía destacó que tuvieron varias “idas y venidas, rupturas y retornos”.

La mujer comenzó a trabajar en la Municipalidad de Santo Tomé en 2015. Vivía sola y estaba terminando sus estudios universitarios.  En 2017 comenzó a intercambiar mensajes con Maglianesi, que hasta entonces era un compañero de trabajo de otra área.

Cuando comenzaron la relación, el hombre empezó a quedarse en la casa de la sobreviviente. Según pudo saber la fiscalía en base a los testigos, desde ese momento los familiares y amigos de ella  notaron que empezó a distanciarse y a salir menos.

Dejó de ir al gimnasio al que iba con mucha frecuencia porque a él le moelstaba. A mediados de 2018 ocurrió una de las primeras peleas más grandes que provocó una ruptura. Ella tomó la decisión de separarse, pero él insistió en regresar. Llegó a dejarle más de diez llamadas perdidas.

Volvieron pero en noviembre del mismo ella tomó la decisión de terminar la relación.  El condenado no la dejó de llamar y hasta amenazó con quitarse la vida.

Tras la insistencia del hombre, en abril de 2019 retomaron la relación formal. En ese momento todo siguió igual. La mujer contó que él le impedía realizar algunos trabajos, que no le gustaba que saliera con sus amigos, que le cuestionaba qué ropa usaba y la obligaba a tener relaciones sexuales. Incluso contó que era “normal” que la agarrara del cuello, la amenazara y golpeara las paredes.

Impunidad

El hecho ocurrió en un momento en que ella quiso cortar la relación con el hombre. La querella a cargo de Ignacio Alfonso Garrone y José de Iriondo, indicó que se trató de una relación compleja marcada por la violencia y que el abuso sexual fue "una especie de ritual de despedida".  Según los abogados de la sobreviviente "al decir esa frase desafiante luego del abuso, lo que estaba haciendo era someter a su víctima, disciplinar una vez más,  jactarse y vanagloriarse, descansando sobre un manto histórico de impunidad ante este tipo de hechos", indicaron en los alegatos de clausura del juicio.

La denuncia y el mal accionar institucional

El abogado querellante José de Iriondo indicó que la sobreviviente debió transitar varios episodios de violencia institucional. “La citaron en la casa de un alto funcionario de Santo Tomé donde había personas que tenían relación con su ex pareja”, narró. Querían que ella les relate lo ocurrido, sin ningún marco formal ni de acompañamiento. “Incluso luego de la denuncia ella preguntó por la licencia por violencia de género o vacaciones y nadie supo responderle, la mandaron a googlear”, explicó.

Además del mal accionar en su lugar de trabajo, la denuncia fue desestimada en tres oportunidades, hasta llegar a manos de los abogados querellantes actuales. “Se contactó con nosotros en 2020”, explicó De Iriondo. La primera denuncia había sido desestimada por la Unidad de Violencia de Género, Familiar y Sexual de la fiscalía. Luego apelaron, pero la decisión fue confirmada por el fiscal regional y finalmente fue reiterada por tercera vez por el fiscal general. “No aducían que el hecho no había existido, sino que con las pruebas disponibles iba a ser poco probable llegar a un resultado condenatorio, se trata de una política pública”, aclaró el querellante.

Cuando el caso llega a De Iriondo y Alfonso Garrone, comenzaron a trabajar en la búsqueda de pruebas y se comunicaron con la fiscalía para volver a presentar la denuncia. “Lo que buscamos fue demostrar que el abuso fue la punta del iceberg, derivó de una situación de violencia estructural que estuvo presente en toda la relación”, afirmó el abogado. De esta manera, lograron dar curso a la investigación formal recién en 2020.

Pruebas

En el juicio la fiscalía y la querella solicitaron 12 años y la prisión preventiva. La defensa a cargo de Sebastián y Néstor Oroño sostuvo que el imputado era inocente y solicitó la pena mínima sin prisión preventiva. Finalmente, el hombre fue condenado a seis años y seis meses y quedó en prisión preventiva hasta que la condena sea ratificada.

El testimonio de la propia denunciante, pero también el de otros testigos como amigos, familiares y profesionales de la salud mental, sirvieron para constatar tanto las características de la relación como el hecho de abuso sexual imputado.

El tribunal indicó que “los testimonios fueron contundentes” y que dan cuenta de los “cambios de conducta y emocionales que sufrió y que fueron observados por otras personas”.

Por otro lado, los jueces sostuvieron que quedó acreditado que el imputado actuó con “total conocimiento de la ilicitud de sus actos, con plena conciencia y libre albedrío”. También destacaron la ausencia del consentimiento en el momento del abuso sexual y la violencia física. “Se aprovechó del mareo que provocó el golpe para llevar adelante la agresión sexual”, remarcaron.

Además de condenarlo como autor del delito de abuso sexual con acceso carnal, el tribunal dictó la prisión preventiva para G.D.M. En primer lugar porque su libertad significa un peligro para la víctima, ya que escuchó su declaración y comparten el espacio de trabajo. En segundo lugar, porque hay riesgos procesales una vez que el hombre ya fue condenado.