Robos en Altos de la Ribera: apelan el rechazo de la prisión preventiva de un acusado

Las fiscales María Lucila Nuzzo y María Gabriela Arri presentaron un recurso de apelación contra la decisión judicial de rechazar la prisión preventiva de un hombre investigado como organizador de la banda delictiva que perpetró robos en el country Altos de la Ribera, de la ciudad de Santo Tomé.

El imputado tiene 35 años y sus iniciales son GDB. También es investigado por haber tenido en su poder dos armas de fuego de guerra sin la debida autorización legal.

“Tal como venimos sosteniendo en reiteradas instancias, desde la Fiscalía argumentamos que están dadas las condiciones para que se le imponga la prisión preventiva al hombre investigado”, plantearon las funcionarias del MPA.

 

Riesgos procesales

Las fiscales relataron que “en marzo de este año solicitamos su prisión preventiva por primera vez, pero nuestro pedido fue rechazado”. Al respecto, agregaron que “si bien el imputado estaba detenido, se ordenó su libertad, se le impusieron normas de conducta y el pago de una caución de 4 millones de pesos”.

“Apelamos esta decisión, y en segunda instancia se dio por acreditado el delito de asociación ilícita y se indicó que se trata de una investigación compleja, no obstante, se señaló que no había suficientes evidencias para endilgar el delito al imputado en calidad de organizador”, indicaron las fiscales.

Nuzzo y Arri señalaron que “a raíz de lo indicado en esta primera resolución de Cámara, el viernes de la semana pedimos nuevamente que el imputado quede en prisión preventiva y fundamentamos nuestra solicitud con nueva evidencia que incorporamos al legajo y que nos permitió ampliar la imputación”. En tal sentido, sostuvieron que “nuevamente, nuestra pretensión fue rechazada”.

“Tal como lo expusimos frente a diferentes magistrados, los riesgos de fuga y de entorpecimiento probatorio están suficientemente acreditados”, aseguraron las fiscales. También remarcaron que “las medidas alternativas a la privación de la libertad impiden ejercer de manera eficaz la persecución penal de la banda criminal”.

 

Incumplimiento

Nuzzo y Arri mencionaron que “durante los últimos meses, el imputado mantuvo contacto de forma sistemática con el jefe y con miembros de la asociación ilícita, lo cual está explícitamente prohibido en las disposiciones cautelares que debe cumplir”.

Manifestaron que “ante la situación irregular, la Defensa explicó que las visitas y comunicaciones se enmarcaron en supuestas amenazas sufridas por el hombre de 35 años”. Sin embargo, las fiscales argumentaron que “esa supuesta coacción nunca fue denunciada” y subrayaron que cuentan “con evidencias que indican que, en realidad, el hombre actuó con plena voluntad”.

 

Conocimientos

Las fiscales precisaron que “la organización delictiva tenía las características de ser permanente y estable”, y añadieron que “funcionaba al menos desde enero de este año con capacidad de acción tanto en la ciudad de Santa Fe y alrededores, como en Rosario y en Cañada de Gómez”. Asimismo, hicieron hincapié en que “de lo avanzado en la investigación hasta el momento se desprende que la banda criminal planificaba otros golpes a importantes comercios y también tiene conexiones internacionales”.

“El imputado aportó a la asociación ilícita sus conocimientos calificados y la experiencia adquirida en el ejercicio de su labor profesional como ingeniero”, puntualizaron Nuzzo y Arri. “El hombre proveía a la banda de elementos idóneos para perpetrar los delitos contra la propiedad”, aseguraron.

Las funcionarias del MPA apuntaron que “la organización criminal poseía alicates cortacandados, amoladoras, cortachapas y remachadoras”. Expresaron que “además tenía tubos de oxígeno y acetileno con sus correspondientes varillas de hierro, objetos que sirven como instrumento de corte, entre otras herramientas sofisticadas”.

 

Gestiones

“El imputado realizó tareas de inteligencia sobre medidas de seguridad propias de los lugares en los que la banda pretendía cometer robos”, aseveraron las fiscales. “También se encargó de gestionar autorizaciones libradas por escribano publico para que los integrantes de la asociación pudieran circular por sitios específicos a bordo de automóviles”, destacaron.

Nuzzo y Arri plantearon que “el imputado coordinaba las actividades de las personas que formaban parte de la banda delictiva y administraba dinero sustraído en hechos ilícitos”. Respecto a ello, afirmaron que “realizaba transferencias a cuentas bancarias en el exterior del país”.

 

Calificación penal

Las fiscales se refirieron a la calificación penal de los hechos investigados. “Al imputado se le atribuye la autoría de los delitos de asociación ilícita (en carácter de organizador) y de tenencia ilegítima de arma de fuego de guerra”, enumeraron y concluyeron que “por estos delitos le podría caber una pena de entre 5 y 28 años de prisión”.