Palo Oliver propone volver al anterior sistema en materia de remoción de fiscales

La semana pasada, el diputado provincial Fabián Palo Oliver ingresó un proyecto de Ley a la Legislatura Provincial en el que propone volver al régimen anterior en materia de sanción y remoción de fiscales y fiscales adjuntos provinciales. 
Vale la pena recordar que, en 2018 se modificó ese sistema, asumiendo para sí la Legislatura la potestad exclusiva en ese ámbito de acción.

Palo Oliver propone que la eventual remoción de los fiscales y fiscales adjuntos se realice a través de un mecanismo interno consistente en un proceso administrativo, dentro del ámbito del MPA, con la participación activa de representantes del Colegio de Abogados, de la Legislatura provincial, del Fiscal Regional y, eventualmente, del Fiscal General en caso de empate. 

En este sentido, la facultad disciplinaria nuevamente quedaría reservada a un tribunal con representación de diversos sectores y poderes públicos y no concentrada en la Legislatura provincial.

También se le restituye a la Auditoría del MPA su capacidad investigativa y sancionatoria, así como se restituye el plazo de 6 meses para desarrollar el proceso de remoción. 

En cuanto a los motivos por los cuales lleva adelante la iniciativa, Palo Oliver aclaró: “primero quiero decir que nuestra propuesta va en sintonía con el dictamen N° 118 del Procurador General de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Jorge Barraguirre y con el voto del ministro del máximo tribunal de justicia de la provincia, Dr. Anibal Erbetta en la causa Spelta” 

Es importante mencionar que dicha causa lleva la siguiente carátula: "Spelta, Adrián Alejandro e/ Provincia de Santa Fe s/ Amparo - (EXPTE. 186/2020 - CUIJ 21-03678784-5) s/ Recurso de Inconstitucionalidad")

Más adelante, el legislador desarrolló los fundamentos del proyecto: “Lo que pretendemos es que el procedimiento de remoción de fiscales y fiscales adjuntos se ajuste a lo establecido por la Constitución Provincial. El análisis que hicimos acerca del funcionamiento del nuevo sistema nos permitió observar que, el mismo, plantea un serio desequilibrio en el control del trabajo de los fiscales, recayendo exclusivamente en el Poder Legislativo. Un sistema republicano exige no sólo la mera existencia de los tres poderes sino también un razonable equilibrio entre ellos. 

En este caso, que sea el Poder Legislativo el exclusivo operador en materia disciplinaria para los fiscales y fiscales adjuntos, contraviene esa premisa. El hecho de que se los someta al mismo procedimiento que a los Fiscales Regionales y General, le quita la necesaria participación a los colegios profesionales y al mismo Poder Ejecutivo.

También resulta meritorio destacar que nuestro país está obligado, por ser Estado parte en convenios internacionales referidos a la persecución de la corrupción en todas sus formas, a abstenerse de limitar o condicionar de cualquier modo la potestad investigativa de los órganos encargados de perseguir la posible comisión de esos delitos. 

Por ello, entendemos que el sistema actual no sólo contraviene la manda constitucional sino también que va en sentido contrario de las convenciones internacionales oportunamente suscriptas por nuestro país.  

Por eso entendemos que es necesario que, en el caso de fiscales y fiscales adjuntos, se retome el sistema anterior, con participación de otros actores, lo cual le otorga mayor transparencia al procedimiento.

Decimos esto porque es de público conocimiento que, en la historia reciente de nuestra provincia, se han presentado investigaciones donde se involucró a miembros de la Legislatura. Otorgarle exclusivamente a este poder la facultad de remoción de quienes investigan, no resulta aconsejable desde la transparencia republicana. 

Para evitar esta situación y que no exista la posibilidad de presiones directas o indirectas por parte de quienes pueden llegar a ser sujetos de investigación, es que proponemos retomar el sistema anterior. Que haya un procedimiento que incluya a los legisladores, pero también a otros actores necesarios para un proceso justo”.